Con el firme propósito de salvaguardar la soberanía nacional, proteger la integridad de las urnas y establecer mecanismos procesales para sancionar la intromisión de agentes externos en los procesos democráticos del país, el Poder Legislativo consolidó un avance histórico. La Cámara de Diputados aprobó formalmente una reforma de gran calado que eleva a rango constitucional la posibilidad de anular elecciones cuando se acredite legalmente la intervención o injerencia extranjera, según las bitácoras parlamentarias del 28 de mayo de 2026.
