¡La diplomacia institucional a ras de suelo, la postura soberana de puertas abiertas y la defensa de las acciones del Estado mexicano en foros internacionales! En respuesta al informe y a la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de llevar el análisis sobre la crisis de personas desaparecidas a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Gobierno de México —a través de la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y del subsecretario Arturo Medina Padilla— externó su rechazo formal a la interpretación del organismo internacional.
La delegación mexicana sostuvo con firmeza que el Estado no consiente ni tolera las desapariciones y defendió los resultados de la actual estrategia de búsqueda y procuración de justicia en el país.
Ejes de la postura y defensa institucional de México:
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Rechazo a la Interpretación del Comité: El Gobierno federal cuestionó la activación y aplicación de ciertos procedimientos extraordinarios (como el artículo 34 de la Convención), argumentando que no reflejan adecuadamente la realidad ni los esfuerzos estructurales que se realizan en el territorio nacional.
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Coordinación Institucional "Sin Precedentes": Destacaron el trabajo conjunto y permanente entre autoridades federales y estatales para localizar a las personas desaparecidas, investigar los delitos y combatir la impunidad.
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Avances en Acciones de Búsqueda y Localización:
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Operación ininterrumpida de la Alerta Nacional de Búsqueda (24/7).
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Reporte de más de 16 mil personas localizadas durante el periodo reciente.
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Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), servicios periciales, fiscalías y mecanismos científicos de identificación humana.
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Cooperación Multilateral: Ratificación de que México mantiene canales de colaboración abierta con organismos internacionales y diversos países (como Alemania, España, Noruega, Guatemala, Canadá y Países Bajos) para reforzar capacidades forenses, sin que ello implique aceptar valoraciones que consideran imprecisas sobre la actuación del Estado.
El debate internacional y la exigencia de transparencia
Mientras el Ejecutivo federal insiste en los avances operativos y el fortalecimiento de las instituciones de búsqueda, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familiares han expresado reservas ante el rechazo oficial a la revisión internacional, señalando que persisten retos estructurales profundos de impunidad y colusión a nivel local que requieren máxima apertura y autocrítica.
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