A partir del 16 de enero de 2026, México implementó una prohibición total de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos similares en todo el país, buscando eliminar completamente su producción, distribución y venta.
La ley prohíbe cualquier actividad comercial relacionada con estos productos, incluyendo fabricación, importación, exportación, transporte, almacenamiento y venta, sin importar si contienen nicotina o son desechables. También se prohíbe toda publicidad o promoción en medios impresos, digitales, radio, televisión o cualquier otro formato.
Quienes incumplan la normativa enfrentarán penas de prisión de 1 a 8 años, además de multas económicas que pueden superar los 200 mil pesos. La prohibición se centra en las actividades comerciales; la posesión o consumo personal sin fines de venta no está penada.
Esta medida busca proteger la salud pública y limitar el acceso a estos dispositivos, especialmente entre niñas, niños y jóvenes, aunque también ha generado debate sobre su impacto en el mercado informal y la disponibilidad de estos productos.
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