La elección judicial del 1 de junio de 2025 en México ha sido sacudida por un escándalo de proporciones alarmantes: al menos 26 aspirantes a cargos en el Poder Judicial han sido impugnados por presuntos vínculos con el crimen organizado, abuso sexual, peculado y otras conductas delictivas.
Entre los casos más preocupantes se encuentran:
•Alejandro Tlacuahuac Zitlalpopoca: imputado por abuso sexual.
•Ángel Antonio Villegas Cortés: enfrenta cargos por amenazas y lesiones.
•Noel Castro Melgar: acusado de peculado y abuso sexual.
•Arturo César Morales Ramírez: vinculado a delitos contra la salud y delincuencia organizada. 
•Jesús Karina Almada Rábago: abogada de un narcotraficante del Cártel de Sinaloa. 
•María de Jesús López Guzmán: defensora de un miembro del crimen organizado acusado de secuestro. 
•Andrés Montoya García: relacionado con la desaparición de un periodista. 
•Sabas Santiago Ipiña Ramírez: presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
•Job Daniel Wong Ibarra, Karina Sánchez Ruiz y Cinthia Guadalupe Teniente Mendoza: asociados con la iglesia La Luz del Mundo y posibles conexiones con el CJNG. 
•Betzabeth Almazán Morales: señalada por usurpación de profesión y vínculos con una secta.
Estas candidaturas han generado una ola de indignación entre legisladores y organizaciones civiles. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, han solicitado al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación de estas postulaciones, argumentando que muchos de estos aspirantes no cumplen con los requisitos legales ni éticos para contender por un cargo en el Poder Judicial . 
A pesar de las impugnaciones, el proceso electoral continúa, y la ciudadanía está llamada a votar en una elección histórica que, paradójicamente, se ve empañada por la inclusión de candidatos con antecedentes penales y vínculos con el crimen organizado.
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