La elección judicial en México, programada para el 1 de junio de 2025, se ve envuelta en controversia tras revelarse que al menos seis aspirantes a cargos en el Poder Judicial Federal enfrentan investigaciones abiertas por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). Estos candidatos, que buscan ocupar puestos como jueces y magistrados, están siendo señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, violencia de género y otros delitos graves.
Entre los casos más destacados se encuentran:
•Fernando Escamilla Villarreal: Candidato a juez penal en Nuevo León, ha sido abogado de miembros del cártel de Los Zetas, incluyendo a Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z40”, y Eleazar Medina Rojas, “El Chelelo”. Además, fue sentenciado en primera y segunda instancia por portación ilegal de arma de fuego. 
•Andrés Montoya García: Exadministrador penitenciario en Sonora y candidato a magistrado, está señalado por su presunta participación en la desaparición del periodista José Alfredo Jiménez Mota en 2005. 
•Jesús Humberto Padilla Briones: Candidato a juez penal, fue detenido en Nuevo León con 15 bolsas de cristal y un arma de fuego. 
•Francisco Martín Hernández Zaragoza: Exjuez destituido en 2015 por acoso sexual contra una trabajadora del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal de Jalisco. 
•Edgar Agustín Rodríguez Beiza: Candidato a juez penal en la Ciudad de México, enfrenta dos acusaciones de abuso sexual y fue suspendido por abusos laborales. 
•Jacqueline Betancourt Silva: Jueza suspendida por el Consejo de la Judicatura Federal tras ser grabada mientras retenía a un trabajador de su juzgado y le solicitaba la renuncia. 
Estas candidaturas han generado preocupación entre legisladores y organizaciones civiles, quienes han solicitado al Instituto Nacional Electoral (INE) la revisión de las postulaciones para garantizar la integridad del proceso electoral. Sin embargo, el INE ha decidido posponer cualquier análisis hasta después de los comicios, argumentando la necesidad de certeza y cumplimiento de las normas electorales. 
La presencia de candidatos con antecedentes penales o investigaciones abiertas en la boleta electoral pone en entredicho la idoneidad de los aspirantes y plantea serias dudas sobre la transparencia y legitimidad de la elección judicial. 
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