La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, se colocó en el centro del huracán político tras ordenar el retiro sin autorización del conjunto escultórico que representaba a Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara, ubicado en el parque Tabacalera de la Ciudad de México. La acción, realizada sin contar con los permisos correspondientes, ha generado fuertes críticas desde diversos sectores políticos y sociales.
De acuerdo con la propia alcaldesa, las estatuas fueron retiradas luego de que se confirmara que su instalación original, ocurrida en 2017, carecía de documentación oficial y de un proceso legal validado por las autoridades culturales de la capital. Alegó además que los vecinos de la zona llevaban años solicitando su remoción, pues ocupaban una banqueta pública y generaban incomodidad.
“No vamos a permitir símbolos que representen regímenes represivos ni que se coloquen sin el debido proceso legal, esto es Cuauhtémoc, no una dictadura”, declaró Rojo de la Vega, marcando distancia de la administración anterior.
Sin embargo, la medida ha sido calificada como ilegal por parte del Gobierno de la Ciudad de México, ya que no se presentó ninguna solicitud ante el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos (COMAEP), instancia responsable de autorizar la instalación, modificación o retiro de obras en espacios públicos.
Desde Morena, diputados locales han arremetido contra la alcaldesa y han advertido que promoverán un punto de acuerdo en el Congreso capitalino para que las esculturas sean reinstaladas en su lugar original, además de exigir sanciones administrativas por actuar al margen de la ley.
Organizaciones como el Partido Comunista de México y colectivos ciudadanos también alzaron la voz, acusando a la funcionaria de actuar de manera autoritaria. Para muchos, la figura del Che y de Fidel representa un momento histórico de solidaridad entre México y Cuba, y su retiro es visto como una afrenta ideológica y diplomática.
Incluso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre el tema y consideró que las esculturas deberían reubicarse en otro espacio público, ya que representan una parte de la historia compartida entre ambos países. La mandataria pidió resolver el conflicto institucional con diálogo y respeto a los procedimientos legales.
Mientras tanto, las estatuas han sido llevadas a un almacén y su futuro es incierto. La controversia ha encendido el debate sobre qué tipo de símbolos deben ocupar el espacio público, quién los decide y si deben prevalecer visiones políticas sobre los procedimientos institucionales.
Con este acto, Alessandra Rojo ha sido comparada con Sandra Cuevas, su predecesora, famosa por tomar decisiones polémicas sin consultar a las autoridades competentes, ganándose así el apodo de “Sandra Cuevas 2.0” entre usuarios en redes sociales.
El caso continúa escalando y podría derivar en consecuencias legales, además de dejar al descubierto las tensiones ideológicas que aún cruzan la vida política en la capital del país.
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