El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fijó su postura ante la denuncia de la familia de Sofía Calderón, una joven de 19 años que falleció durante una cesárea en el Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 23, en Monterrey, Nuevo León. Sus familiares aseguran que recibieron el cuerpo sin varios órganos y exigen esclarecer lo ocurrido.
De acuerdo con la denuncia, Sofía ingresó al hospital el pasado 19 de julio para dar a luz. Sin embargo, durante la intervención quirúrgica se presentaron complicaciones que provocaron su fallecimiento, mientras que su bebé logró sobrevivir.
La controversia surgió cuando sus familiares recibieron el cuerpo y, posteriormente, fueron informados de que presuntamente faltaban órganos como el corazón, hígado, páncreas, intestino delgado y las córneas.
Ante los señalamientos, el IMSS en Nuevo León informó que los órganos extraídos durante la autopsia clínica no fueron desechados ni utilizados para trasplantes, sino que permanecen identificados y bajo resguardo en el Servicio de Patología del hospital.
La institución también aseguró que no se realizó ningún procedimiento en los ojos de la joven y reconoció que la familia no recibió información con la claridad y oportunidad necesarias sobre los procedimientos realizados después del fallecimiento.
Como parte de su respuesta, el Seguro Social se comprometió a entregar una copia del expediente clínico, brindar acompañamiento permanente a los familiares y colaborar con las autoridades encargadas de investigar el caso.
Por su parte, los padres de Sofía presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por posibles malas prácticas médicas y presuntas irregularidades en el manejo del cuerpo. La autoridad analiza la competencia del caso y la posibilidad de remitir las investigaciones a la Fiscalía General de la República, debido a que los posibles involucrados serían trabajadores de una institución federal.
Mientras avanzan las indagatorias, la familia exige conocer las causas exactas de la muerte de la joven, quién autorizó los procedimientos posteriores al fallecimiento y por qué no recibió información oportuna sobre el destino de sus órganos.
El caso ha generado cuestionamientos sobre los protocolos hospitalarios, la comunicación con los familiares y la transparencia en los procedimientos médicos realizados después de una muerte.
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