El exgobernador de Colima, Ignacio Peralta, enfrenta uno de los casos más delicados de presunta corrupción en la historia reciente del estado. La Fiscalía Anticorrupción lo ha llamado a comparecer como parte de una investigación por el posible desvío de 400 millones de pesos, recursos originalmente destinados a fortalecer la seguridad pública a través del proyecto C5i, así como otras obras relevantes.
Peralta, acompañado por exfuncionarios de su administración, como los exsecretarios de Finanzas y de Gobierno, deberá explicar el destino de los fondos obtenidos mediante un crédito bancario aprobado en su último año de gestión. De acuerdo con las autoridades, buena parte del dinero desapareció sin dejar rastro claro, y los avances en las obras prometidas fueron mínimos o inexistentes.
Además del caso del C5i, la Fiscalía también indaga la venta irregular de predios públicos a precios por debajo del valor de mercado, y pagos millonarios a bancos mientras se retrasaban sueldos de trabajadores estatales. En particular, destaca la polémica en torno a un terreno en Villa de Álvarez vendido a menos de 250 pesos por metro cuadrado, una cifra que muchos consideran escandalosamente baja.
A esto se suma el otorgamiento masivo de bases laborales poco antes de concluir su gobierno, lo cual ha sido criticado por afectar la estabilidad financiera del nuevo gobierno.
Peralta no ha ofrecido declaraciones públicas contundentes, pero su defensa asegura que todas las decisiones fueron tomadas en el marco de la ley. No obstante, el caso ha generado indignación entre diversos sectores de la sociedad colimense y ha reactivado exigencias de mayor rendición de cuentas para quienes han ocupado cargos de alto nivel.
El proceso judicial sigue en marcha, y en las próximas semanas podría definirse si se presentan cargos formales en su contra. Este caso, de confirmarse las irregularidades, marcaría un fuerte precedente en la lucha contra la corrupción en administraciones estatales.
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