En un giro que podría afectar a cientos de miles de familias, la Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde a la decisión del expresidente Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos, una medida que había sido implementada durante el gobierno de Joe Biden para resguardar a personas desplazadas por la crisis humanitaria en su país.
El fallo revierte una orden de un tribunal inferior que bloqueaba temporalmente la eliminación del programa. Con esta resolución, aproximadamente 350,000 venezolanos podrían quedar expuestos a deportación o a la pérdida de sus permisos laborales, pese a que muchos de ellos han vivido y trabajado legalmente en EE.UU. por años.
El TPS había sido extendido hasta octubre de 2026, pero fue cancelado anticipadamente por el Departamento de Seguridad Nacional en febrero de 2025. La única voz disidente dentro de la Corte fue la de la jueza Ketanji Brown Jackson, quien se pronunció en contra de la medida.
Organizaciones de derechos humanos y defensores de migrantes han expresado su indignación, calificando la decisión como inhumana y contraria a los principios de protección internacional, mientras que el gobierno de Trump ha celebrado el fallo como una victoria para la política migratoria “con orden y control”.
Este acontecimiento deja en vilo a miles de familias venezolanas que enfrentan ahora un futuro incierto.
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