¡La democracia participativa a ras de suelo, el diálogo intercultural de puertas abiertas y el reconocimiento histórico de los derechos colectivos en las comunidades originarias! En el marco del proceso nacional de consulta para la construcción de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, encabezó la Mesa de Trabajo con autoridades tradicionales, representantes comunitarios y pobladores de las culturas otomí y mazahua en la localidad de San Marcos Tlazalpan, Estado de México.
El ejercicio territorial tiene como objetivo central recoger las voces, experiencias y demandas históricas de las comunidades para consolidar un marco legal que refleje fielmente su realidad y aspiraciones.
Ejes de la consulta y la Ley Indígena:
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Diálogo Directo e Inclusivo: Escucha activa de las opiniones, formas de organización y perspectivas de los pueblos otomí y mazahua para garantizar que la nueva legislación responda a sus necesidades reales.
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Desarrollo del Mandato Constitucional: Materializar en leyes secundarias los derechos reconocidos en el artículo 2.º de la Constitución Federal y en la reforma histórica de septiembre de 2024, que erige a las comunidades como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
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Libre Determinación y Autonomía: Establecer mecanismos claros para el ejercicio de los sistemas normativos propios, el reconocimiento de autoridades tradicionales y la protección integral del patrimonio cultural y territorial.
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Asignación Directa de Recursos: Consolidar a las comunidades como destinatarias directas de fondos públicos para que puedan definir y ejecutar obras y acciones prioritarias a través de sus asambleas.
Participación comunitaria para una legislación justa
Construir un marco normativo apegado a la pluralidad cultural de México requiere de la participación ininterrumpida de sus comunidades originarias. Con la suma de las propuestas de los pueblos otomí y mazahua, el Gobierno federal avanza en la consolidación de leyes que reivindican la justicia social, reparan rezagos históricos y garantizan el respeto absoluto a la autonomía de los pueblos indígenas del país.
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