La reforma constitucional que establece prisión preventiva oficiosa (PPO) para delitos como la extorsión, el narcomenudeo y el tráfico de fentanilo fue aprobada por la mayoría del Senado, con el apoyo de legisladores del PAN como
Mauricio Vila, Juan Martín del Campo y Miguel Márquez, así como de la bancada de Morena y sus aliados. La reforma fue enviada a los Congresos locales para su ratificación y deberá ser aprobada en al menos 17 de los 32 estados para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Senado aprobó la reforma con 93 votos a favor, 35 en contra y tres abstenciones. Durante el debate, la senadora Alejandra Barrales (Movimiento Ciudadano) argumentó que la reforma vulnera el derecho a un juicio justo y crea una prisión preventiva automática. Por su parte, la senadora Cristina Ruiz (PRI) afirmó que esta medida no resolverá el problema del tráfico de fentanilo.
Marko Cortés (PAN) advirtió que la reforma podría ser usada para la persecución política y socavaría el principio de presunción de inocencia, al señalar que se corre el riesgo de usar la prisión preventiva como una herramienta para el abuso de poder, más que para combatir el crimen.
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