En el Estado de México, dos mujeres presuntas víctimas de violación por parte del empresario Óscar Manuel Herrejón Caballero entregaron una carta a la gobernadora Delfina Gómez,
exigiendo que el Poder Judicial estatal actúe con imparcialidad y se apegue estrictamente a la ley en el caso. Herrejón, acusado de violación equiparada y próximo a ser extraditado a México, es descrito como un individuo que usó su poder e influencia para evadir las consecuencias de sus actos.
Las denunciantes critican la decisión del juez Emmanuel Ruiz Albarrán, quien liberó a Herrejón a pesar de la orden de aprehensión emitida en abril de 2024, argumentando que ignoró las pruebas y la perspectiva de género. Atribuyen esta decisión a posibles actos de corrupción y tráfico de influencias en el Poder Judicial del Estado de México, lo que, según ellas, revictimiza a las mujeres y envía un mensaje negativo sobre la justicia.
Después de nuevas gestiones, Interpol emitió órdenes de aprehensión, lo que llevó a la detención de Herrejón en Roma, Italia. Su extradición a México está prevista para el 27 de noviembre de 2024. Sin embargo, el juez que liberó al acusado será quien gestione la audiencia inicial en este nuevo proceso, lo que preocupa a las víctimas por posibles irregularidades.
La carta también menciona a Alejandro “Alito” Moreno, líder del PRI, como uno de los políticos que presuntamente intervino para proteger al acusado, utilizando su influencia y recursos. Las firmantes exigen un sistema judicial más transparente e imparcial, con un enfoque en la protección de las víctimas de violencia de género.
Este caso se enmarca dentro de una controversia sobre la empresa Masari Casa de Bolsa, vinculada a los Herrejón, que desistió de operar como banco tras la detención de Óscar Herrejón, quien, junto con su hijo Manuel Herrejón, está relacionado con Alejandro Moreno, quien enfrenta acusaciones por presuntos delitos.
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