Con 348 votos a favor y 130 en contra, los diputados aprobaron la reforma del Código Fiscal de la Federación con el fin de dotar al Estado de herramientas más contundentes contra la emisión de facturas apócrifas y sancionar a quienes operen mediante estas estructuras fraudulentas.
Ahora inicia la discusión punto por punto en los artículos reservados, con miras a armonizarla con el artículo 19 constitucional e incluso establecer prisión preventiva automática para quienes se les vincule a proceso por estos delitos.
🔍 Cambios destacados en la reforma
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Redefinición de comprobante fiscal falso
Se considera falso aquel documento que no respalde operaciones reales o actos jurídicos auténticos. Además, se facultará al fisco para presentar querellas contra quienes los emitan. -
Restricciones para personas morales y socios
Las empresas cuyos representantes estén ligados a facturación indebida podrían ser objeto de negativa en su inscripción al RFC. -
Visitas exprés a domicilio
La autoridad fiscal podrá hacer verificaciones en tan solo 24 horas. Si se detectan anomalías, el SAT podrá suspender certificados digitales o iniciar procedimientos penales. -
Obligaciones para plataformas digitales
Gigantes como Amazon o DiDi deberán entregar información en tiempo real, de forma continua, y podrían enfrentar bloqueos ante irregularidades fiscales. -
Normas para el sector energético
Se autoriza la suspensión temporal de certificados digitales si se detecta emisión de facturas sin los permisos adecuados, con el objetivo de frenar el comercio ilegal de hidrocarburos.
📣 Posturas encontradas
✅ A favor:
El presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, comentó que la reforma refuerza el combate contra prácticas ilícitas y busca una recaudación más efectiva para beneficiar a la sociedad.
❗ Críticas de la oposición:
Se advierte que la iniciativa otorga poderes excesivos al SAT, con riesgos de arbitrariedad y menoscabo de derechos.
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Algunos la ven como un “Código Fiscal Espía” sin garantías procesales.
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Otros denuncian que se impone un modelo de “castigar primero y averiguar después”.
En suma, la reforma avanza hacia su aprobación final con gran polémica y un debate abierto sobre su impacto en los derechos de los contribuyentes.
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