El mayor golpe contra el robo de combustible en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum acaba de detonar un escándalo de alto perfil: autoridades federales investigan al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta relación con el decomiso de más de 15 millones de litros de combustible ilegal en el estado de Coahuila.
El combustible incautado fue localizado en dos operativos simultáneos en Ramos Arizpe y Saltillo, donde se aseguraron 129 carrotanques llenos de diésel y gasolina sin la documentación que acreditara su legal posesión. El hallazgo se convirtió en el decomiso más grande desde el inicio del actual sexenio, y ha encendido las alarmas por los posibles nexos entre el huachicol fiscal y figuras políticas.
La empresa en la mira: Ingemar S.A. de C.V.
La propietaria de los carrotanques es la empresa Ingemar S.A. de C.V., registrada para la importación legal de hidrocarburos, y de la cual Ruffo es socio mayoritario. Según fuentes de la investigación, la compañía habría utilizado permisos oficiales para introducir combustible desde el extranjero, pero con irregularidades fiscales y posible simulación de operaciones.
Las primeras indagatorias apuntan al uso de facturas falsas, subregistro de volúmenes reales y evasión de impuestos, lo que podría constituir delitos graves en materia fiscal y aduanera. Aunque hasta ahora no se ha imputado directamente a Ruffo, su calidad de accionista principal lo coloca en el centro de la controversia.
Ruffo se defiende y rechaza señalamientos
En respuesta, Ernesto Ruffo negó categóricamente cualquier participación en actos ilícitos y afirmó que su empresa opera con plena legalidad. Aseguró que está dispuesto a colaborar con las autoridades, entregar la documentación correspondiente y aclarar cualquier duda respecto al origen del combustible.
“No hay nada que ocultar. Todo está en regla. Espero que este tema no se use con fines políticos”, expresó en una entrevista.
¿Por qué este caso es tan relevante?
•Dimensión económica: Más de 15 millones de litros representan una pérdida millonaria para el Estado mexicano si se confirma que fueron importados de forma irregular.
•Enlace político-empresarial: La aparición de un exmandatario panista en una investigación por huachicol refuerza los señalamientos sobre la posible colusión entre actores políticos y redes de contrabando fiscal.
•Golpe estratégico del gobierno federal: El operativo forma parte de una campaña más amplia del gobierno de Claudia Sheinbaum para combatir el robo y tráfico ilegal de hidrocarburos, que ya suma más de 39 millones de litros asegurados en los primeros ocho meses de su gestión.
Lo que sigue
La Fiscalía General de la República ya abrió una carpeta de investigación formal sobre Ingemar S.A. de C.V. y sus socios. Se prevé que en las próximas semanas sean citados a declarar los directivos de la empresa, incluyendo a Ruffo, mientras el SAT y la UIF rastrean el flujo financiero de las operaciones.
Este caso podría convertirse en uno de los expedientes más sonados del sexenio, no solo por el volumen del combustible decomisado, sino por las implicaciones políticas que conlleva.
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