Un caso fiscal que involucra miles de millones de pesos y a una de las compañías de telecomunicaciones más importantes del país ha sido archivado temporalmente por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien decidió postergar el análisis del amparo que podría devolverle hasta 10 mil millones de pesos a Movistar (
Pegaso PCS, S.A. de C.V.), hasta que se instale el nuevo pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La decisión se tomó en medio de presiones políticas y mediáticas, luego de que el proyecto de Ortiz Mena generara una fuerte controversia por su posible impacto fiscal. El expediente, identificado como amparo directo en revisión 1172/2025, se encontraba listo para discusión, pero fue retirado por el propio ministro bajo el argumento de una transición judicial inminente.
¿Qué está en juego?
Este litigio tiene su origen en un crédito fiscal reclamado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que impugnó una deducción de gastos derivada de una fusión empresarial realizada por Movistar en 2014. El monto en disputa supera los 4 mil 400 millones de pesos, aunque la cifra que Movistar podría recuperar asciende a más de 10 mil millones, dependiendo del fallo final.
Después de obtener un fallo favorable en un tribunal federal en 2023, el SAT llevó el caso hasta la Suprema Corte, buscando revertir la resolución. Sin embargo, el avance del caso fue entorpecido en junio, cuando la ausencia de la ministra Lenia Batres impidió que se reuniera el quórum necesario en la Segunda Sala para abordar el recurso.
Un expediente congelado… por ahora
Ortiz Mena, ponente del proyecto, decidió aplicar el Acuerdo Plenario 3/2025, el cual permite archivar asuntos relevantes hasta la integración del nuevo pleno. Esta medida aplaza indefinidamente la discusión y otorga margen para que la nueva Corte —que se integrará el 1 de septiembre— decida si retoma el caso, lo reasigna o incluso lo descarta.
La maniobra ha sido interpretada en círculos judiciales como una forma de desactivar la presión pública y política, trasladando la responsabilidad a la siguiente etapa del máximo tribunal del país.
¿Qué pasará con Movistar?
Por ahora, Movistar deberá esperar. Aunque su posición legal es sólida, el retraso podría afectar sus expectativas de recuperación financiera en el corto plazo. En contraste, el SAT gana tiempo para fortalecer sus argumentos y consolidar el criterio de que las grandes corporaciones no deben evadir el cumplimiento fiscal mediante fusiones estructuradas.
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