En un hecho sin precedentes, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha invalidado un total de 46 candidaturas a jueces y magistrados, luego de detectar que los aspirantes no cumplían con los requisitos académicos exigidos por la Constitución, e incluso uno de ellos enfrentaba un proceso penal por abuso infantil.
La decisión fue tomada por el Consejo General del INE tras una revisión exhaustiva de los expedientes académicos y legales de quienes resultaron electos en la histórica elección judicial de 2025. De acuerdo con el dictamen, 45 personas no alcanzaron los promedios mínimos establecidos por ley (8 en licenciatura y 9 en especialidad), mientras que uno más se encuentra en prisión preventiva por un caso de abuso sexual en Veracruz.
Este suceso ha encendido el debate nacional sobre la idoneidad de los perfiles que llegaron a las boletas de votación, ya que los electores eligieron a estas personas sin saber que no cumplían con los requisitos. De momento, las vacantes quedarán sin cubrir hasta que se decida si se llamará a los segundos lugares o si se convocará a una nueva elección para estos cargos judiciales.
Además de evidenciar fallas en los mecanismos de postulación y verificación, el hecho también ha provocado una discusión al interior del propio Consejo del INE, donde algunos consejeros advirtieron que el sistema necesita una reestructura urgente para garantizar que perfiles inadecuados no lleguen a cargos de alta responsabilidad.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la actuación del INE, subrayando la importancia de la integridad académica y legal en quienes buscan impartir justicia en México.
La ciudadanía también ha expresado su preocupación por la presencia de aspirantes sin la preparación mínima requerida, lo cual pone en duda la calidad y confiabilidad del proceso de reforma judicial que busca fortalecer al Poder Judicial desde una lógica democrática.
El debate apenas comienza, pero lo cierto es que este hecho marca un antes y un después en el proceso de elección de jueces y magistrados por voto popular, y obliga a revisar con lupa los criterios de elegibilidad de cara a futuros procesos.
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