La Procuraduría Fiscal de la Federación, encabezada por Grisel Galeano García, reveló este viernes que un grupo empresarial —sin nombrarlo directamente— acumula 32 litigios fiscales activos que, en conjunto, superan los 74 mil millones de pesos. Esta cifra, indicó, representa recursos que podrían utilizarse para mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos.
Durante una conferencia, la funcionaria detalló que estos litigios están en curso en diversas instancias del sistema judicial y administrativo del país. De los 32 casos, tres están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con montos que ascienden a 26 mil millones de pesos; cinco más en tribunales colegiados de circuito por cerca de 20 mil millones; 11 en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 13 en el SAT, que implican otros 28 mil millones de pesos.
Grisel Galeano fue contundente al señalar que la empresa ha usado estrategias legales para dilatar el pago de sus adeudos fiscales desde hace más de 15 años. Entre las maniobras destacadas se encuentra la interposición sistemática de amparos, recusaciones masivas contra magistrados y recursos legales que impiden que los casos avancen con normalidad.
“La justicia no puede seguir atrapada por tácticas dilatorias. Estamos ante un caso emblemático que demuestra cómo algunos grandes corporativos abusan del sistema para evadir sus obligaciones con la nación”, afirmó la procuradora.
Además, la SHCP anticipó que impulsará una iniciativa para reformar el marco legal que regula los litigios fiscales, con el objetivo de evitar que se repitan estos abusos judiciales y se garantice una cobranza más ágil y eficaz. También se espera que con la entrada del nuevo Poder Judicial, elegido por voto popular, se fortalezcan los principios de imparcialidad y transparencia.
Esta situación ha revivido el debate sobre los privilegios fiscales de ciertos grupos económicos que, pese a millonarias ganancias, se niegan a cumplir con sus responsabilidades tributarias. Desde distintos sectores de la sociedad se exige que se ponga fin a este tipo de prácticas que profundizan la desigualdad y dañan las finanzas públicas.
Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que esta lucha es parte de una transformación profunda del Estado, donde la justicia no esté subordinada a los intereses de unos cuantos, sino al bienestar colectivo.
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