Un verdadero escándalo está saliendo a la luz: durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el Infonavit fue convertido en una herramienta de despojo masivo. Según información oficial, más de 933 mil viviendas presentan actualmente algún tipo de problema derivado de créditos impagables, procesos judiciales turbios y escrituras inconclusas, todo como resultado de la corrupción sistemática de esas administraciones.
El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, detalló que 131 mil casas aún están en juicios masivos, muchos de ellos llenos de irregularidades, en los que los derechohabientes nunca fueron debidamente notificados. Muchos trabajadores de la vivienda fueron sujetos a prácticas abusivas, donde, en ocasiones, sus propiedades fueron adjudicadas a otras personas o incluso vendidas por las propias autoridades sin que el afectado tuviera conocimiento de ello.
Además, 216 mil propiedades no cuentan con escrituras, a pesar de haber sido adjudicadas desde hace años. Este detalle ha dejado a miles de familias atrapadas en una situación legal y económica muy compleja, ya que no pueden acceder a créditos, vender sus hogares ni regularizar su situación patrimonial.
Y eso no es todo: entre 2012 y 2018, se ejecutaron más de 373 mil demandas en contra de trabajadores, muchas sin fundamentos legales y con la participación de despachos que cobraron miles de millones de pesos por quitarle su patrimonio a personas inocentes. Los juicios fueron ejecutados en su mayoría de forma irregular, sin que los afectados pudieran presentar su defensa. Muchos de estos procesos terminaron con la pérdida total de la vivienda, sin oportunidad para los trabajadores de reestructurar sus deudas o llegar a acuerdos favorables.
Para colmo, se descubrió que decenas de miles de viviendas financiadas nunca fueron construidas. Es decir, el dinero se entregó, pero las casas no existen. El daño a las familias mexicanas es incalculable, y este fraude millonario ha dejado a miles de familias sin un hogar y con deudas impagas. Las autoridades involucradas en estos procesos no se hicieron responsables, y los trabajadores fueron los grandes perdedores de este entramado de corrupción.
Hoy, el gobierno actual, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldado por la Secretaría de Bienestar, está realizando un censo nacional para identificar, recuperar y regularizar estas viviendas. La prioridad es regresarlas a quienes realmente las necesitan y poner fin a décadas de abuso. El proceso de regularización busca no solo ofrecer una solución a los trabajadores afectados, sino también establecer medidas preventivas para evitar que estas situaciones se repitan en el futuro.
Además, se han lanzado iniciativas para implementar programas de rehabilitación de viviendas abandonadas, que están ocupando terrenos clave en la lucha contra la crisis habitacional del país. La administración actual también está tomando medidas para que los responsables de estos fraudes sean llevados ante la justicia, buscando resarcir el daño hecho a millones de familias.
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