Una nueva revelación ha sacudido el relato oficial sobre el polémico rescate bancario conocido como Fobaproa. El experto independiente Michael W. Mackey, quien fue contratado para revisar este millonario esquema, admitió que su evaluación realizada entre 1998 y 1999 no fue una auditoría financiera formal.
De acuerdo con el propio Mackey, el análisis que entregó al Congreso mexicano se basó únicamente en preguntas previamente acordadas con legisladores y no cumplió con los estándares de una auditoría completa. A esto se suma que tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como el propio Fobaproa y varios bancos se negaron a entregar información clave, escudándose en el secreto bancario.
Estas restricciones limitaron gravemente el alcance de la revisión, por lo que su trabajo no puede ser considerado una auditoría en toda forma. A pesar de ello, durante años se vendió públicamente como una evaluación exhaustiva y transparente.
Además, el auditor independiente reveló que no pudo revisar muchos de los contratos y créditos que fueron absorbidos por el Fobaproa, lo cual deja abierta la posibilidad de que existieran irregularidades no detectadas en los procesos de rescate bancario. Tampoco se investigó la legalidad de muchas transferencias de deuda privada a deuda pública, lo que implica que los contribuyentes mexicanos cargaron con un costo millonario sin saber realmente cómo ni por qué.
Esta confesión pone en entredicho uno de los argumentos más usados para justificar el rescate financiero promovido durante el sexenio de Ernesto Zedillo. Mientras miles de mexicanos enfrentaban la crisis económica de los años noventa, los bancos fueron salvados sin que existiera una rendición de cuentas real.
Ahora, a más de dos décadas de aquel proceso, resurgen las dudas sobre quién se benefició realmente del Fobaproa y por qué nunca se permitió una auditoría de verdad. La historia podría estar a punto de reescribirse.
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