La trama criminal que rodea al famoso Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, ha dado un nuevo y escandaloso giro. Fuentes federales revelaron que José Ascención Murguía Santiago, alcalde en funciones y militante de Movimiento Ciudadano,
habría visitado repetidamente este sitio presuntamente controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no por cuestiones oficiales, sino para recibir pagos en efectivo como “honorarios” por su silencio y omisión.
Este rancho, que ha sido calificado como un centro de operaciones del crimen organizado, fue intervenido por la FGR tras el hallazgo de restos humanos y evidencia de entrenamientos paramilitares. La omisión del alcalde, según la Fiscalía, no fue casual: habría recibido beneficios económicos a cambio de ignorar las actividades ilegales.
El presidente municipal ya fue imputado por la Fiscalía General de la República, acusado de encubrimiento y posible colusión con el crimen organizado. Mientras tanto, la ciudadanía exige justicia y una investigación a fondo sobre cómo un funcionario pudo, presuntamente, facilitar el crecimiento de un centro criminal de tal magnitud sin consecuencias durante años.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la urgente necesidad de depurar a fondo las instituciones municipales y cortar de raíz cualquier vínculo con grupos delictivos que operan bajo el cobijo de la corrupción política.
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