El cardenal emérito Norberto Rivera Carrera vuelve al centro del huracán mediático, pero no por sus labores pastorales, sino por su estilo de vida alejado del voto de austeridad.
Rivera adquirió dos departamentos en la exclusiva Torre Mítikah, ubicada en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, por un valor conjunto de 20 millones de pesos. Pero lo que realmente desató la indignación nacional fue su reacción: tras realizar los pagos correspondientes de impuestos por estas propiedades, decidió presentar una demanda por lo que él consideró un “cobro desproporcionado”.
La justicia federal le dio la razón. Una jueza determinó que los 1.3 millones de pesos pagados en el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) y derechos registrales eran inconstitucionales, ya que no estaban fijados con base en criterios progresivos ni proporcionales al valor del bien. Con ello, el gobierno de la Ciudad de México está obligado a devolverle el monto total reclamado.
Este fallo ha causado malestar entre sectores ciudadanos y fiscales, que consideran injusto que figuras con alto poder adquisitivo puedan esquivar el sistema tributario bajo argumentos legales, mientras millones de mexicanos cumplen con sus contribuciones en condiciones mucho más precarias.
Cabe recordar que Rivera ha sido una figura rodeada de polémica. En 2024, fue señalado por haber otorgado los derechos de comercialización de la imagen de la Virgen de Guadalupe a una empresa japonesa por cinco años a cambio de 12.5 millones de dólares. También ha sido acusado de encubrir casos de abuso clerical durante su tiempo como arzobispo primado de México.
Este episodio reabre el debate sobre la transparencia financiera de las altas jerarquías religiosas y su relación con los privilegios fiscales. Mientras tanto, la ciudadanía exige reglas claras y justas para todos.
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