El escándalo del llamado Cártel Inmobiliario de Benito Juárez sigue sacudiendo a la política capitalina, y esta vez toca directamente al Congreso de la Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la CDMX ha revelado que dos diputados panistas, Luisa Gutiérrez Ureña y Ricardo Rubio Torres, estarían involucrados en esta red de corrupción, lo que ha activado los mecanismos para un proceso de desafuero en su contra.
Ambos legisladores tienen un historial laboral dentro de la alcaldía Benito Juárez, considerada el epicentro de este entramado de corrupción inmobiliaria que durante años operó con total impunidad. Gutiérrez Ureña fue directora jurídica y directora de verificación en administraciones panistas, mientras que Rubio Torres fungió como jefe de departamento encargado de calificar infracciones en obras y construcciones.
De acuerdo con las autoridades, estos funcionarios habrían participado en un esquema mediante el cual se autorizaban desarrollos ilegales, se intercambiaban favores políticos por permisos de construcción, y se ocultaban violaciones al reglamento de desarrollo urbano a cambio de beneficios económicos.
Este escándalo se remonta a los tiempos en los que Claudia Sheinbaum era jefa de Gobierno, cuando denunció públicamente el funcionamiento de esta red y se comprometió a combatir la corrupción estructural desde sus raíces. Hoy, como presidenta, sus declaraciones retoman fuerza, pues el proceso de justicia avanza y ya no se limita a funcionarios menores: ahora va por los legisladores.
Además del posible desafuero, se espera que se abran nuevas líneas de investigación que podrían alcanzar a exalcaldes, servidores públicos, desarrolladores y empresarios implicados en el saqueo inmobiliario de una de las zonas con mayor plusvalía de la capital.
El mensaje es claro: ya no habrá intocables. La Fiscalía ha reiterado que ningún cargo público puede usarse como escudo contra la ley, y el Congreso de la CDMX tendrá que votar, llegado el momento, si retira el fuero a estos legisladores para que enfrenten la justicia como cualquier ciudadano.
Este caso podría marcar un antes y un después en la lucha anticorrupción en la Ciudad de México, y es apenas la punta del iceberg de una red mucho más profunda que podría implicar a más actores políticos.
¡La justicia está tocando la puerta del Cártel Inmobiliario!
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