En medio de crecientes tensiones por las políticas migratorias de la próxima administración de Donald Trump, el gobierno mexicano ha reiterado su negativa a aceptar la propuesta de convertirse en un "tercer país seguro".
Esta figura implicaría que México se encargara de recibir a migrantes expulsados de Estados Unidos, obligándolos a solicitar refugio o asilo en territorio mexicano antes de intentar regresar a sus países de origen.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, fue clara al afirmar que México no aceptará esa condición, y destacó que el país está preparado para recibir a los connacionales repatriados, pero no a migrantes de otras nacionalidades. Durante una reunión con senadores de todos los partidos, Rodríguez subrayó que, frente a las posibles políticas antimigratorias de Trump, quien asumirá la presidencia de EE.UU. el 20 de enero, México está tomando medidas para proteger a los migrantes mexicanos y garantizar sus derechos.
"Los mexicanos en el exterior no están solos. Tienen el respaldo y la protección del Gobierno de México", aseguró Rodríguez, quien también destacó los esfuerzos del gobierno mexicano para coordinarse con las autoridades de EE.UU. y asegurar una transición ordenada y respetuosa con los derechos humanos de los migrantes.
La presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se está trabajando en un plan intersecretarial para abordar cualquier eventualidad relacionada con la migración. Esto incluye la contratación de abogados especializados para apoyar a los migrantes en sus trámites y la supervisión de la red consular en EE.UU., a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente. Además, Sheinbaum hizo un llamado a los gobernadores de los estados fronterizos para que refuercen la infraestructura de apoyo, como albergues y servicios médicos, para los migrantes que regresen a México.
Por su parte, Donald Trump, tras su victoria en las elecciones del 5 de noviembre, ha mantenido su retórica antiinmigrante y ha amenazado con imponer aranceles a México y Canadá si no se gestionan los flujos migratorios hacia EE.UU. A lo largo de su campaña, Trump utilizó un lenguaje alarmista y falso sobre los migrantes, acusándolos de aumentar la criminalidad y robar empleos. En contraste, el gobierno mexicano ha enfatizado la contribución vital de los migrantes a la economía estadounidense, apoyada por estudios económicos que advierten que una deportación masiva podría generar una caída en el Producto Interno Bruto (PIB) de EE.UU. de hasta un 6.8%, lo que equivaldría a pérdidas de hasta 1.7 billones de dólares anuales.
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