La versión de la reforma del Poder Judicial de Jalisco busca eliminar los controles de confianza a los que han estado sometidos.
José Luis Álvarez Pulido, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, pretende extender su mandato legal durante un año más
La iniciativa que presentó el Poder Judicial de Jalisco para implementar en el estado la reforma que introducirá la elección popular de juzgadores locales, contempla que José Luis Álvarez Pulido, actual magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, extienda su mandato legal durante un año más, así como la eliminación total del sistema de control de confianza que se había adoptado para ese ámbito desde el sexenio pasado.
De acuerdo con dicha iniciativa, aunque la presidencia de Álvarez Pulido finaliza en 2026, se requiere que permanezca como titular del Poder Judicial de Jalisco durante un año más, para que se haga cargo tanto de la primera elección judicial de carácter local que se celebraría en 2027, así como de la llegada de los primeros juzgadores electos popularmente, los cuales estarían asumiendo sus puestos en el estado hasta el año 2028.
No obstante, el problema es que esta ampliación del mandato del magistrado que se está pretendiendo integrar a la Constitución Política de Jalisco mediante una disposición transitoria, violaría el artículo 56 del mismo texto constitucional, donde se establece que la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia tendrá una duración de únicamente dos años, si bien contempla la posibilidad de que, a través de una nueva elección, el titular en funciones pueda resultar reelecto por una sola ocasión.
Tras referirse a una transición ordenada en el Poder Judicial de Jalisco, la iniciativa señala: “Lo anterior conlleva a su vez, la necesidad que la titularidad de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, continúe hasta en tanto entren en sus funciones las personas juzgadoras electas en el proceso del año 2027 y cobren vigencia las nuevas directrices para la representación del poder judicial, bajo el entendido que la actual presidencia fue electa por un periodo que fenece el 31 de diciembre de 2026, es decir, sólo unos meses previos a la elección estatal ordinaria de 2027”.
Lo anterior se complementa con el artículo séptimo transitorio, donde se plantea que: “Las personas Magistradas del Supremo Tribunal de Justicia y Juzgadoras de primera instancia, al igual que los integrantes del Tribunal Estatal de Disciplina Judicial, que resulten electas en la elección ordinaria del año 2027 entrarán en funciones” precisamente el 1 de enero de 2028.
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