En una decisión que ha generado indignación internacional, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por un solo voto —215 a favor y 214 en contra— un impuesto del 3.5% a las remesas enviadas por migrantes, afectando directamente a millones de familias que dependen de estos recursos en América Latina, particularmente en México.
Pese a los llamados a la sensatez por parte de organismos internacionales, gobiernos extranjeros y comunidades migrantes, Estados Unidos decidió cargarle la mano a los que más aportan y menos tienen, con una medida calificada por expertos como regresiva, abusiva y xenófoba.
La presidenta Claudia Sheinbaum condenó enérgicamente la medida, señalando que “se trata de una acción profundamente discriminatoria, contraria al espíritu de cooperación entre naciones, que castiga a quienes han sostenido la economía de EE. UU. con su trabajo durante décadas”.
El impuesto no solo representa un golpe económico para millones de familias, sino que también envía un mensaje hostil hacia las comunidades migrantes, a las que EE. UU. parece tratar como una fuente de ingresos y no como seres humanos con derechos.
Ahora, el paquete fiscal pasa al Senado estadounidense, donde se espera un nuevo enfrentamiento. Sin embargo, el daño político y moral ya está hecho. Para muchos, esta decisión demuestra que el discurso de derechos humanos en Washington termina donde empiezan los intereses económicos.
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