El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha encendido la polémica tras aprovechar el reciente asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz —dos cercanos colaboradores de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada— para justificar una mayor injerencia estadounidense en la seguridad de México.
Durante una audiencia pública, Rubio no solo acusó que hay zonas del país controladas por el crimen organizado, sino que también admitió lo que muchos han señalado durante años: los grupos criminales mexicanos se arman con rifles y armas de alto poder adquiridas legalmente en territorio estadounidense y luego traficadas hacia el sur.
El funcionario anunció su intención de visitar México en los próximos días para discutir con autoridades temas de seguridad, extradiciones y tráfico de armas. Sin embargo, sus declaraciones han sido duramente cuestionadas por especialistas y figuras políticas mexicanas, quienes exigen que, antes de “ayudar”, Washington asuma su responsabilidad directa en el flujo ilegal de armas.
Este episodio ha reavivado el debate sobre la soberanía mexicana, la violencia del crimen organizado y el papel que Estados Unidos juega —muchas veces desde las sombras— en el conflicto.
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