Una nueva polémica ha estallado en la frontera sur de Estados Unidos: 82 migrantes enfrentan cargos federales por ingresar sin autorización a un territorio militar altamente restringido en el estado de Nuevo México.
Se trata de una franja que forma parte del reforzado sistema de contención fronteriza impulsado por el expresidente Donald Trump durante su administración.
La zona en cuestión, que abarca más de 170 millas a lo largo del desierto fronterizo, fue oficialmente entregada al Departamento de Defensa como parte de un plan de endurecimiento migratorio. Esta área está resguardada por personal del Ejército estadounidense y cuenta con vigilancia intensiva.
Los migrantes —en su mayoría provenientes de países de Centroamérica y Sudamérica— fueron detenidos al cruzar esta franja y ahora enfrentan cargos por ingreso ilegal al país y por violar una zona militar, delito que puede implicar hasta un año de cárcel y sanciones económicas de hasta 100 mil dólares.
Grupos defensores de derechos humanos, como la ACLU, han calificado este hecho como una peligrosa militarización del tema migratorio, alertando sobre el posible abuso de poder y la criminalización sistemática de quienes huyen de la pobreza y la violencia.
El caso ha generado indignación entre activistas y especialistas, que advierten que el uso de zonas militares para frenar el paso de migrantes representa una amenaza para los principios legales y humanitarios. A pesar de las críticas, las autoridades estadounidenses han defendido la medida como parte de un enfoque “estratégico” para garantizar la seguridad nacional.
Este acontecimiento podría marcar un precedente para futuras acciones legales en zonas fronterizas reforzadas, y podría aumentar las tensiones políticas en un año clave para las elecciones presidenciales.
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