En Yucatán suman cerca de dos mil casos de mujeres violentadas por su ex parejas.
En medio de abrazos, fotografías y felicitaciones por el Día del Padre, un grupo de mujeres se congregó este domingo en el Remate de Paseo de Montejo con un mensaje incómodo, pero necesario: en Yucatán, cientos de infancias crecen sin la presencia ni el respaldo económico de sus progenitores.
Ahí, con cartulinas y rostros visibles, volvieron a colgar el tendedero de la vergüenza. Esta vez, más de una docena de nombres de deudores alimentarios quedaron expuestos ante la mirada de quienes pasaban.
Detrás de cada fotografía hay una historia marcada por la violencia económica: padres que desaparecen del mapa, pero no del acta de nacimiento; hombres que, sin aportar lo mínimo para la manutención de sus hijas e hijos, siguen reclamando derechos sin asumir responsabilidades. Esto, que muchas veces parece “sólo un pleito entre ex”, es en realidad una forma grave de violencia vicaria, un mecanismo que busca dañar a las mujeres a través de lo que más aman: sus hijos.
Desde 2022, la colectiva Ley Sabina Yucatán ha atendido más de dos mil casos. Según su fundadora, Siloé Fuentes, el 99.85 por ciento corresponde a mujeres violentadas por sus exparejas, aunque también han recibido tres casos de hombres víctimas. La cifra, advierte, es “grave y crítica”, y crece día con día.
En promedio, cada hombre denunciado deja en el abandono económico a tres menores. Algunos casos incluso implican infancias de distintas mujeres. Aunque este tipo de violencia se presenta en todo el estado, los municipios del Sur -como Peto, Buctzotz, Dzidzantún y Chumayel- muestran una preocupante opacidad en la atención de estos procesos legales. Ahí, las madres enfrentan no sólo la falta de justicia, sino también el desconocimiento y la negligencia institucional.
La violencia vicaria va más allá del abandono económico. Se trata de un fenómeno que usa a los hijos como armas emocionales. Desde la manipulación afectiva hasta la sustracción ilegal de menores, esta práctica ha sido identificada como antesala de delitos más graves como el feminicidio.
De hecho, Yucatán ha dado pasos en la legislación para frenar esta forma de violencia. La violencia económica por pensión alimenticia es un delito tipificado en el estado. Además, el Congreso aprobó por unanimidad castigos para la violencia vicaria, con penas de cuatro a ocho años de cárcel, que pueden aumentar si se causa daño físico a menores, adultos mayores, personas con discapacidad o incluso mascotas.
Quienes obstaculicen los procesos de justicia -como servidores públicos negligentes- también pueden recibir penas de hasta cuatro años de prisión, multas económicas y destitución del cargo.
Magaly Lara Lugo, fundadora de la Red por las Infancias en Yucatán, advierte que los efectos de la violencia vicaria no se limitan al presente. Los niños que crecen en este entorno arrastran un vacío afectivo profundo, que se agrava en la adolescencia. La baja autoestima, el abandono emocional y la búsqueda desesperada de afecto pueden llevarlos al consumo de drogas, alcohol o conductas autodestructivas.
“El daño no es sólo para la madre, sino también para sus hijos. Y es un daño que puede durar toda la vida”, sentencia Lara Lugo.
Uno de los datos más alarmantes lo reveló recientemente el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria: el 95 por ciento de los casos de sustracción de menores ocurrió durante visitas autorizadas con el padre. Es decir, el sistema judicial, en su intento de garantizar la convivencia familiar, muchas veces se convierte en cómplice involuntario de esta violencia.
María José López, integrante del Frente, aclara que las madres no buscan cortar el vínculo entre sus hijos y sus padres, sino asegurar que este vínculo no sea una excusa para ejercer control, daño o manipulación.
Durante la jornada de este domingo, Siloé Fuentes fue enfática: “Un hombre que no cumple con su responsabilidad económica y afectiva con sus hijos no puede llamarse padre, sólo padre biológico”.
