La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encabezada por Marina Boy, ha intensificado la vigilancia sobre la granja porcícola ubicada en Santa María Chi, Mérida, debido a denuncias de la comunidad por presuntas afectaciones ambientales y a la salud.
Denuncias de la comunidad
Habitantes de Santa María Chi, una comisaría de Mérida, han manifestado su preocupación por los impactos negativos de la granja porcícola en su entorno. Señalan problemas de salud, contaminación del agua y deterioro del medio ambiente. El comisario municipal, Wilberth Nahuat Puc, ha sido una voz activa en la defensa de los derechos de la comunidad y la protección de su territorio. 
Acciones legales y medidas tomadas
En respuesta a las denuncias, el Juzgado Cuarto de Distrito en Yucatán concedió suspensiones judiciales que ordenan la paralización inmediata de las operaciones de la granja, incluyendo la introducción de más cerdos. Además, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) emitió un acuerdo de clausura parcial de la instalación, exigiendo la implementación de medidas para mitigar los daños ambientales. 
Compromiso de las autoridades
La Profepa, bajo la dirección de Marina Boy, reafirma su compromiso de garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales y proteger el bienestar de las comunidades afectadas. Se espera que, con la colaboración de las autoridades federales y estatales, se logren soluciones que salvaguarden el medio ambiente y la salud de los habitantes de Santa María Chi.
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