La Contraloría Autónoma del Agua declaró que se han contabilizado 488 mil concesionarios del líquido, cuando hace 31 años había sólo 200.
La Contraloría Autónoma del Agua alertó sobre la creciente escasez y contaminación del agua en la región, mientras siguen otorgándose concesiones para su uso indiscriminado por parte de empresas. De 1992 a 2023, se han otorgado 488 mil concesiones, lo que representa un promedio de una concesión cada 32 minutos, lo que agrava aún más la crisis hídrica que atraviesa Yucatán.
Cuauhtémoc Jacobo Femat, integrante del colectivo, calificó como “escandaloso” que a pesar de la grave situación, las autoridades continúen otorgando permisos para el uso extensivo de este recurso vital. En particular, mencionó el caso de la cervecera ubicada en Hunucmá, que tiene concesionados 2.5 millones de metros cúbicos de agua anuales, una cantidad cuatro veces mayor a la que consume todo el municipio, lo que evidencia el desequilibrio en la distribución del recurso.
Subrayó la urgencia de declarar la zona como “veda”, es decir, prohibir nuevos permisos para el uso de agua en la región, y resaltó que la garantía del derecho al agua pasa por devolver el control del recurso a las comunidades. “No queremos una ley parchada, queremos una nueva ley general de aguas”, enfatizó, haciendo un llamado a la revisión de las políticas actuales que permiten la sobreexplotación del agua.
El próximo 30 de enero, Mérida será sede de la discusión de las propuestas recibidas durante el foro “Rumbo a la transformación hídrica”, organizado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Ese mismo día, la Contraloría Autónoma del Agua llevará a cabo una rueda de prensa para presentar sus propuestas y posicionamientos al respecto.
Insistió en la necesidad de una regulación más estricta para las empresas, no solo para proteger el suelo kárstico de la región, sino para evitar que más industrias sigan instalándose sin considerar los efectos sobre el recurso hídrico. Destacó que es fundamental que las autoridades pongan en marcha mecanismos de sanción para aquellas empresas que violen las normativas o que agraven la crisis del agua.
