Una ola de indignación recorre Colombia tras conocerse el brutal castigo físico infligido a una niña indígena de 12 años en la comunidad Gito Dokabú, ubicada en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda.
Según denuncias de organizaciones de mujeres y derechos humanos, la menor fue sometida a azotes que le provocaron la pérdida del conocimiento, en un acto que ha sido calificado como una grave violación a los derechos de la infancia y de los pueblos indígenas.
La Defensoría del Pueblo ha exigido respeto por la vida y la integridad de la comunidad indígena en la región, especialmente en el contexto de enfrentamientos armados que han puesto en riesgo a la población civil, incluidos niños y adolescentes.
Este caso se suma a una serie de denuncias sobre violencias estructurales y sistemáticas contra niñas y mujeres indígenas en Colombia, incluyendo abusos sexuales por parte de miembros de las fuerzas militares. En 2020, siete soldados fueron condenados por la violación de una niña embera katío en la misma región.
Organizaciones como la Ruta Pacífica de las Mujeres y la Red de Mujeres de Risaralda han expresado su rechazo a estas prácticas y han exigido al Estado colombiano la implementación de políticas efectivas para proteger a las comunidades indígenas y garantizar la justicia para las víctimas.
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