El presidente Donald Trump dio un golpe de efecto el 20 de enero de 2025 al firmar una orden ejecutiva que obliga a todos los empleados federales a trabajar de manera presencial.

Esta decisión pone fin al teletrabajo, una modalidad implementada durante la pandemia y que había sido bien recibida por muchos trabajadores.

El cambio no ha pasado desapercibido. Miles de empleados ahora enfrentan un aumento significativo en sus gastos, incluyendo transporte, alimentación y cuidado infantil, costos que se habían reducido con el trabajo remoto.

Pero eso no es todo. La orden también revive la controvertida clasificación “Schedule F”, que permite contratar y despedir a empleados de nivel medio con mayor facilidad. Según la administración, esta medida busca hacer más eficientes los procesos burocráticos y garantizar que el personal esté alineado con las políticas gubernamentales.

Sin embargo, los sindicatos y organizaciones laborales no se han quedado callados. Advierten que estas medidas podrían desalentar a profesionales calificados y debilitar la calidad de los servicios públicos. Se prevé que esta decisión desate una serie de disputas legales y negociaciones en los próximos meses.

¿Es este el fin de la flexibilidad laboral en el gobierno federal?

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