
Con el propósito de consolidar el blindaje jurídico de las instituciones democráticas, delimitar la actuación de los tribunales especializados y establecer un precedente definitivo en la defensa de la soberanía nacional, el Congreso de la Unión completó una de las modificaciones legales más profundas de la historia reciente. El Senado de la República aprobó y ratificó la reforma al artículo 41 constitucional que permite la anulación de elecciones ante pruebas de injerencia extranjera, según las bitácoras parlamentarias del 29 de mayo de 2026.





