Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó este martes que, en los primeros 60 días del nuevo gobierno, se han capturado a más de 5,000 personas por delitos graves y se han asegurado 57.9 toneladas de drogas.
Entre el 1 de octubre y el 1 de diciembre, se desmantelaron 43 laboratorios de metanfetaminas en varios estados, y se incautaron grandes cantidades de sustancias químicas, así como equipos para la producción de drogas. Las operaciones se realizaron en Baja California, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Querétaro y Sinaloa.
Presiones internacionales y trabajo coordinado en seguridad
Este informe se presenta en medio de presiones internacionales, en especial de parte de Donald Trump, quien ha amenazado con imponer aranceles a México si no se controla el tráfico de fentanilo y la migración. También, The New York Times publicó un reportaje sobre la presunta reclutación de estudiantes de química por los cárteles mexicanos para fabricar drogas.
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, destacó la buena coordinación del Gabinete de Seguridad, agradeciendo la colaboración entre las distintas autoridades de seguridad y justicia.
Homicidios dolosos y distribución de la violencia en el país
Marcela Figueroa, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportó una disminución del 18.1% en los homicidios dolosos desde 2019, con un promedio de 82.3 víctimas al día en 2024. De octubre a noviembre de 2024, siete estados concentraron casi la mitad de estos homicidios: Guanajuato, Sinaloa, Estado de México, Baja California, Guerrero, Chihuahua y Morelos.
Estrategia de seguridad sin “mano dura” ni impunidad
En una entrevista, García Harfuch explicó que la estrategia de seguridad del gobierno no será de “mano dura”, pero dejó claro que no habrá impunidad. Detalló que los esfuerzos se centran en cuatro áreas clave: abordar las causas estructurales de la violencia, consolidar la Guardia Nacional, fortalecer la inteligencia y la investigación, y mejorar la coordinación con la Fiscalía General de la República y las entidades federativas.
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