Desde el 9 de enero de 2026, México puso en marcha un registro obligatorio de todas las líneas móviles, con el propósito anunciado de eliminar el uso anónimo de números y combatir delitos como extorsión y fraude telefónico. Bajo esta normativa, cada número telefónico —incluyendo prepago, pospago y eSIM— debe estar vinculado a una persona física o moral identificada con documentos oficiales, como CURP, INE, pasaporte o RFC, antes de que pueda seguir funcionando. Si no se completa el registro en los plazos establecidos, la línea puede ser suspendida o quedar limitada en sus servicios.
Sin embargo, apenas unas semanas después de su entrada en vigor, el objetivo de reducir el anonimato ha dado paso al surgimiento de un mercado negro de tarjetas SIM ya activadas y listas para usar. Estas SIMs se ofrecen en redes sociales y plataformas digitales sin que el comprador tenga que entregar sus propios datos personales, lo que contradice la intención original de la regulación y abre la puerta a prácticas que evaden los requisitos de identificación.
El negocio informal se explica en parte porque algunas personas que no tienen documentos oficiales vigentes o buscan mantener anonimato recurren a estas SIMs pre-registradas, que funcionan de la misma forma que las líneas legalmente registradas y permiten llamadas, SMS y uso de datos sin pasar por el proceso oficial de vinculación. Esta dinámica ha convertido el registro obligatorio en un activo para la reventa clandestina, justamente lo que la regulación quería evitar.
Además, existen preocupaciones sobre vacíos en la normativa que facilitan este fenómeno, ya que algunas modalidades de registro permiten a un mismo titular registrar un gran número de líneas sin verificación adicional, lo que podría facilitar la reventa en grandes cantidades sin que se sepa con claridad quién es el usuario final.
El surgimiento de este mercado paralelo evidencia los desafíos operativos y sociales que enfrenta la implementación del padrón de celulares: por un lado, la intención de mejorar la trazabilidad y seguridad de las comunicaciones móviles, y por otro, la adaptación rápida de mecanismos informales que aprovechan las brechas del sistema para evadir los controles, especialmente en un contexto donde la demanda por anonimato sigue siendo alta entre ciertos sectores de la población.
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