El gobierno de México estableció como requisito indispensable que Estados Unidos no solicite ni aplique la pena de muerte a las personas que sean entregadas a ese país para enfrentar procesos judiciales. Esta condición se convirtió en un punto central para mantener la cooperación bilateral en materia de seguridad y justicia, bajo el marco legal mexicano.
Autoridades federales señalaron que las transferencias de personas acusadas de delitos graves continuarán realizándose conforme a la Ley de Seguridad Nacional, siempre y cuando exista un compromiso claro y previo de las autoridades estadounidenses respecto al tipo de sanciones que se buscarán en los tribunales. La medida responde a la postura histórica de México contra la pena capital y a la defensa de los derechos humanos.
En recientes operativos de cooperación internacional, decenas de personas relacionadas con delitos como narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y de personas fueron trasladadas para enfrentar cargos en Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno mexicano dejó en claro que estas acciones no implican una entrega automática, sino que están sujetas a condiciones específicas y acuerdos formales entre ambos países.
La administración federal destacó que la colaboración con Estados Unidos seguirá siendo firme en el combate al crimen organizado, pero subrayó que dicha cooperación debe darse bajo principios de respeto mutuo, legalidad y apego a los valores constitucionales de México. Asimismo, se reiteró que cualquier futura entrega será evaluada caso por caso.
Finalmente, se señaló que esta postura no busca frenar la cooperación internacional, sino establecer límites claros que garanticen un equilibrio entre la seguridad regional y el respeto a los derechos fundamentales, manteniendo una relación bilateral basada en reglas claras y acuerdos transparentes.
#MexicoEstadosUnidos #CooperacionBilateral #SeguridadNacional #DerechosHumanos #PenaDeMuerte #PoliticaExterior
