El gobierno de Venezuela denunció ante la Organización de las Naciones Unidas una presunta violación flagrante a la Carta de la ONU, tras acciones que considera ilegales y contrarias al derecho internacional, las cuales atentan contra la soberanía y autodeterminación del país sudamericano.
Durante su pronunciamiento, autoridades venezolanas exigieron la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro, así como el respeto a su investidura como jefe de Estado, señalando que cualquier acción en su contra representa una agresión directa al orden jurídico internacional.
Venezuela solicitó a la comunidad internacional condenar el uso de la fuerza, frenar la escalada del conflicto y reafirmar los principios de no intervención, respeto entre naciones y solución pacífica de controversias, advirtiendo sobre los riesgos que este tipo de acciones representan para la estabilidad regional y mundial.
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