El grupo parlamentario del PT presentó una iniciativa para que las autopistas concesionadas a particulares se incorporen al pago del impuesto predial, como una manera de reforzar la recaudación local y asegurar que estas vías contribuyan al gasto municipal que justifican sus beneficios.
🔍 Puntos clave de la propuesta
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🧾 La iniciativa plantea que las autopistas concesionadas, actualmente exentas de ese pago bajo el argumento de que se ubican en terreno público, sean sujetas al impuesto predial como cualquier bien inmueble comercial.
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🤝 Los impulsores destacan que al pagar predial, los municipios recibirían mayores ingresos que podrían destinarse al mantenimiento vial, alumbrado, servicios urbanos y seguridad en zonas aledañas.
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📉 También se argumenta que la recaudación actual del predial está por debajo de su potencial, y que incluir a estas concesiones podría cerrar parte de esa brecha.
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🏗️ Se plantea que, además de contribuir con este impuesto, las autopistas cumplan con obligaciones de mantenimiento y condiciones de operación más estrictas ante la sociedad.
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⚠️ La propuesta abre el debate sobre responsabilidades entre concesionarios privados, autoridades y los ciudadanos, y cómo equilibrar la inversión privada con los beneficios públicos.
✅ ¿Por qué importa para los ciudadanos?
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Los usuarios de autopistas podrían ver una mejora en las condiciones de las vías y los servicios públicos en las zonas cercanas gracias a los recursos que se generen.
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Para los municipios, representa una vía adicional de ingresos sin aumentar impuestos generales, sino extendiendo su base tributaria hacia concesionarios.
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Para el sector concesionado, implica un cambio de modelo que puede afectar costos, tarifas o inversiones, por lo que es relevante seguir el desarrollo de la iniciativa.
▶️ Qué esperar si avanza la iniciativa
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Revisión del marco legal estatal y municipal para permitir que concesionarias sean sujetas al impuesto predial.
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Evaluación de cuáles autopistas se verían afectadas, qué municipios serían beneficiados y cómo se repartirían los pagos.
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Posible diálogo entre gobierno, empresas y ciudadanos para definir plazos, impactos y mecanismos de implementación.
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Reacción del sector concesionado que podría argumentar costos adicionales o condiciones preexistentes de contrato.
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