La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha revelado nuevas cifras alarmantes sobre las investigaciones en curso contra la red de corrupción conocida como el Cártel Inmobiliario, una organización que operó principalmente en la alcaldía Benito Juárez y que habría cometido múltiples irregularidades en desarrollos urbanos durante los últimos años.
De acuerdo con la fiscal Bertha Alcalde Luján, ya se tienen identificadas 22 carpetas de investigación formalmente abiertas y 33 desgloses adicionales que siguen líneas paralelas. En total, son más de 50 casos que involucran desde permisos de construcción alterados, tráfico de influencias, uso indebido de funciones públicas y hasta despojos ilegales de inmuebles.
Durante su mensaje, la fiscal precisó que se han logrado cuatro sentencias condenatorias, mientras que 49 personas han sido vinculadas a proceso penal, algunas de ellas con medidas cautelares de prisión preventiva. La red de complicidades incluye exfuncionarios, desarrolladores inmobiliarios y empresarios del ramo, todos presuntamente coludidos para autorizar edificaciones por encima del número de pisos permitido o en zonas no aptas para ese tipo de construcciones.
Además, se han liberado más de 15 órdenes de aprehensión, de las cuales al menos seis siguen vigentes, y se prevé que continúe el avance de las detenciones en las próximas semanas. Las autoridades capitalinas no descartan que otras alcaldías puedan estar implicadas en esquemas similares.
Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, respaldó las investigaciones y reiteró que su administración no permitirá más impunidad en temas de desarrollo urbano. Incluso, anunció la creación de un gabinete especial para combatir delitos de despojo, el cual sesionará semanalmente con representantes de varias instituciones de seguridad, justicia y desarrollo territorial.
Esta operación forma parte de un esfuerzo integral por sanear las prácticas de urbanización en la capital, que durante años fueron dominadas por redes de corrupción disfrazadas de legalidad. El llamado “Cártel Inmobiliario” no solo afectó el orden urbano, sino que contribuyó a la gentrificación forzada, problemas de abasto de agua, y desplazamientos silenciosos de miles de familias.
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