La administración de la Ciudad de México, bajo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha ordenado una revisión exhaustiva de todos los contratos firmados con empresas pertenecientes al consorcio Grupo Salinas. La medida se produce tras crecientes señalamientos de posibles irregularidades y se alinea con una política firme de transparencia y combate a la evasión fiscal.
La Secretaría de Administración y Finanzas capitalina informó que el análisis incluirá criterios de legalidad, eficiencia presupuestal, cumplimiento fiscal y pertinencia en el ejercicio de los recursos públicos. De encontrarse inconsistencias, los contratos podrían ser cancelados.
Grupo Salinas, propietario de empresas como TV Azteca, Banco Azteca y Elektra, ha sido señalado en múltiples ocasiones por adeudos millonarios al fisco. En fechas recientes, Sheinbaum ha declarado que “no puede haber trato preferencial para quienes no pagan impuestos, mientras millones de mexicanos sí cumplen con sus contribuciones”.
Uno de los contratos más recientes que será objeto de escrutinio es el otorgado a Seguros Azteca, que ganó la licitación para asegurar bienes patrimoniales de la ciudad. Aunque el gobierno local asegura que la elección se basó en el menor precio ofertado conforme a la ley, la presidenta enfatizó que también es indispensable garantizar la ética fiscal de los contratistas.
Este movimiento se da en un contexto donde la jefa del Ejecutivo federal ha marcado una línea clara: el dinero del pueblo debe ser cuidado y no puede quedar en manos de quienes, a pesar de obtener contratos públicos, evaden sus obligaciones fiscales o se benefician de privilegios indebidos.
“Ya basta de contratos a quienes se enriquecen con lo público pero no retribuyen a la nación”, señaló recientemente la mandataria en conferencia matutina.
Esta revisión también se interpreta como un mensaje contundente para otras empresas: el nuevo gobierno no tolerará complicidades, ni opacidad, y pondrá fin al abuso de poder económico para influir en decisiones públicas.
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