El gobierno federal ha dado un paso decisivo para enfrentar uno de los delitos más persistentes y silenciosos del país: la extorsión, que se ha convertido en una amenaza cotidiana para miles de familias, negocios y trabajadores en México. Ante el incremento sostenido de este delito, el más alto de los últimos años, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado una nueva estrategia nacional para frenarlo con fuerza y coordinación.
Durante una rueda de prensa encabezada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se presentó una serie de acciones enfocadas a romper el ciclo de impunidad con el que operan las redes de extorsionadores, muchas de ellas vinculadas a organizaciones criminales.
Un plan integral: del teléfono a la ley
Entre las medidas más destacadas está la habilitación del 089 como número nacional de denuncia anónima, lo que permitirá que cualquier persona pueda reportar intentos de extorsión sin temor a represalias. Actualmente, menos del 1 % de los casos se denuncia, debido al miedo, la desconfianza en las autoridades o la creencia de que no servirá de nada.
Además, Sheinbaum anunció el envío de una iniciativa de ley al Congreso de la Unión que busca homologar la legislación en todo el país, endurecer las penas y permitir que la extorsión sea perseguida de oficio, es decir, sin que sea necesaria la denuncia de la víctima.
Coordinación nacional para golpear donde duele
La estrategia también incluye:
•Unidades estatales especializadas en extorsión que operarán en coordinación con la Guardia Nacional y las fiscalías locales.
•Intervención financiera, con el congelamiento de cuentas vinculadas a este delito a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
•Bloqueo de líneas telefónicas desde las que se realizan llamadas de amenaza, muchas de ellas originadas desde penales.
•Operativos en centros penitenciarios para desmantelar redes de extorsión internas.
Los primeros esfuerzos se centrarán en los ocho estados con mayor incidencia: Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Guerrero y Michoacán.
“La extorsión no puede seguir siendo invisible”
En palabras de la presidenta Sheinbaum:
“Este delito ha crecido a la sombra. No lo vamos a permitir más. La gente tiene miedo de denunciar y eso lo saben quienes cometen extorsión. Vamos a revertir esa lógica con inteligencia, ley y protección directa al ciudadano.”
La nueva legislación pretende, además, establecer una base de datos nacional sobre extorsión, algo que hasta ahora no existía de forma sistematizada, lo que ha dificultado su combate efectivo.
Un problema que ya tocó fondo
Expertos en seguridad reconocen que la extorsión ha alcanzado niveles críticos. No se trata solo de llamadas telefónicas. Muchas veces, el delito implica amenazas físicas, cobro de piso, daños a negocios o incluso asesinatos. En muchas zonas, comerciantes y transportistas viven bajo el control directo del crimen organizado, que impone cuotas, horarios y rutas.
Con esta estrategia, el gobierno federal busca no solo frenar el crecimiento del delito, sino desmantelar el modelo criminal que lo sostiene y devolver la tranquilidad a millones de mexicanos.
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