Una nueva investigación ha destapado una red de 30 empresas fantasma que sirvieron como intermediarias para la adquisición del software espía Pegasus durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en una de las operaciones de vigilancia más escandalosas de los últimos años en América Latina.
Estas compañías, sin infraestructura real y muchas veces registradas con prestanombres, fueron utilizadas para ocultar la compra millonaria del sistema de espionaje a través de contratos inflados que suman más de 5 mil millones de pesos, según documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la FGR.
Así operaba el esquema
Entre 2012 y 2018, dependencias federales como la extinta PGR, el Cisen y la Sedena realizaron pagos millonarios a través de estas firmas fachada para adquirir Pegasus, creado por la empresa israelí NSO Group. En 2014, por ejemplo, la PGR firmó un contrato por 32 millones de dólares, triangulado a través de la empresa Tech Bull S.A. de C.V., vinculada directamente con Balam Seguridad Privada.
El caso ha encendido las alarmas debido a que Pegasus fue usado para vigilar ilegalmente a periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y políticos, incluidos colaboradores del presidente López Obrador cuando era opositor.
¿Y los responsables?
Además del desvío millonario de recursos, informes internacionales señalan que NSO Group pagó sobornos millonarios para colocar Pegasus en México, e incluso se ha mencionado que parte de esos pagos habrían llegado directamente a funcionarios de alto nivel del sexenio anterior. La Fiscalía General de la República ha iniciado una nueva línea de investigación para determinar el nivel de complicidad de funcionarios de alto rango en estas operaciones.
El espionaje no ha terminado
Pese a los compromisos de erradicar el uso de Pegasus, investigaciones recientes revelan que el software siguió en operación incluso en los primeros años del actual sexenio. México, de hecho, concentró el 37 % de los casos globales de espionaje con Pegasus entre 2019 y 2021, según datos filtrados por Forbidden Stories y Amnistía Internacional.
Este escándalo se suma a una larga lista de actos de corrupción, simulación y vigilancia ilegal que marcaron la era de Peña Nieto y que ahora ponen en tela de juicio la capacidad del Estado para proteger la privacidad y la libertad de expresión de los ciudadanos.
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