La presidenta Claudia Sheinbaum rompió el silencio y calificó como “medio tremendo” el escándalo internacional que involucra al expresidente Enrique Peña Nieto por presuntos sobornos relacionados con la venta del software espía Pegasus. Aunque el exmandatario negó tajantemente cualquier implicación, el tema ya encendió la polémica en México y en el extranjero.
¿Qué detonó esta nueva controversia?
Todo comenzó tras la publicación de un reportaje del medio israelí The Marker, donde se revela que dos empresarios vinculados a la empresa creadora de Pegasus, NSO Group, están enfrentando una batalla legal por el supuesto pago de 25 millones de dólares a un político mexicano “electo en 2012”, para asegurar contratos del software espía. Aunque no se menciona explícitamente a Peña Nieto, la descripción ha levantado fuertes sospechas.
La reacción de la presidenta
Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum fue directa pero prudente. “Es un litigio entre empresarios en Israel… pero si es cierto lo que están diciendo, estuvo medio tremendo”, declaró. Añadió que el exmandatario ya negó las acusaciones y que, hasta ahora, no hay pruebas definitivas que lo incriminen, aunque el caso sí debe ser atendido con seriedad por las autoridades.
Peña Nieto niega los señalamientos
El expresidente respondió rápidamente. A través de redes sociales y en una entrevista con Ciro Gómez Leyva, negó rotundamente haber recibido sobornos o haber intervenido para favorecer la compra de Pegasus durante su mandato. Calificó las acusaciones como insinuaciones sin fundamentos y defendió su gestión como transparente en ese sentido.
Un pasado que sigue generando controversia
Pegasus ya había sido objeto de intensas críticas por su presunto uso para espiar a periodistas, activistas y opositores políticos durante el sexenio de Peña Nieto. Ahora, el caso toma un nuevo giro con implicaciones financieras que podrían derivar en una investigación internacional si las partes en disputa en Israel revelan más detalles.
¿Habrá consecuencias legales?
Hasta el momento, no existe una denuncia formal en México. Sin embargo, el caso ya es parte del debate público y podría derivar en una revisión más profunda del papel del expresidente en los contratos celebrados con NSO Group. Diversas organizaciones civiles han pedido a la Fiscalía General de la República abrir una indagatoria con base en los nuevos datos.
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