El Senado de la República encendió el debate nacional tras aprobar en comisiones la controversial Ley de Investigación e Inteligencia, una propuesta legislativa que redefine el acceso a datos públicos y privados con el argumento de fortalecer la seguridad pública en México.
Con 29 votos a favor y 4 en contra, la nueva normativa fue avalada por las comisiones dictaminadoras, lo que abre la puerta para que en los próximos días sea discutida en el Pleno del Senado. El proyecto plantea la creación de una Plataforma Nacional de Inteligencia que recopile y procese información de dependencias públicas, instituciones financieras, registros de telecomunicaciones, datos biométricos y hasta servicios privados de seguridad.
De acuerdo con los legisladores que respaldan la iniciativa —principalmente del bloque oficialista—, esta ley es una herramienta necesaria para anticipar y contener amenazas como el crimen organizado, la corrupción estructural o los ciberataques. Afirman que, bajo estrictos controles, el uso de inteligencia artificial y análisis automatizados permitirá identificar patrones de riesgo y mejorar la reacción de las autoridades frente a eventos delictivos.
Sin embargo, la oposición ha levantado serias alertas. Legisladores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han denunciado que la nueva ley abre la puerta a un sistema de vigilancia masiva sin controles judiciales efectivos, y que podría ser utilizada para fines políticos más allá del combate al crimen. “Estamos frente a una legislación que pone en riesgo las libertades individuales, la privacidad y los derechos digitales de millones de mexicanos”, advirtieron.
La ley también propone la desaparición del actual Ifetel y la creación de una nueva Agencia de Transformación Digital, encargada de coordinar las políticas públicas de digitalización y supervisión del uso de datos.
Organismos civiles como Artículo 19 y R3D han solicitado una revisión profunda del dictamen antes de su aprobación definitiva, advirtiendo que no existen candados suficientes que limiten el uso arbitrario de la información personal. También cuestionan la falta de participación ciudadana y el proceso apresurado con el que fue aprobada en comisiones.
De avanzar en el Pleno, esta ley marcaría un cambio sin precedentes en el modelo de seguridad en México, alineando al país con esquemas de inteligencia utilizados por potencias internacionales, pero sin contar —hasta ahora— con mecanismos de transparencia, vigilancia independiente ni rendición de cuentas robusta.
La discusión está servida: ¿es este el inicio de una era más segura o el punto de partida para una vigilancia sin freno?
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