
El escándalo fiscal que rodea a Grupo Salinas ha escalado a niveles históricos. Luego de años de litigios, amparos y evasiones legales, la Procuraduría Fiscal de la Federación reveló que el conglomerado encabezado por Ricardo Salinas Pliego mantiene una deuda millonaria con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que asciende a más de 74 mil millones de pesos.
Esta información fue confirmada durante la conferencia matutina del Gobierno Federal, donde la titular de la Procuraduría Fiscal, Grisel Galeano, detalló que el grupo enfrenta 32 juicios fiscales activos, algunos de ellos desde 2008, por lo que ya suman más de 16 años sin cumplir con sus obligaciones tributarias.
Lo alarmante del caso no es solo la cantidad adeudada, sino la forma en que, mediante una estrategia legal sistemática, Grupo Salinas ha postergado indefinidamente el pago, utilizando todo tipo de recursos jurídicos para dilatar los procesos. De acuerdo con las autoridades, esta táctica incluye la presentación de amparos, apelaciones y otras herramientas que impiden que el fisco federal cobre lo que por ley corresponde al pueblo de México.
Según el desglose oficial, más de 26 mil millones se encuentran en proceso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que otros 20 mil millones están en tribunales colegiados y 8 mil millones adicionales ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A esto se suman más de 20 mil millones de pesos en litigios pendientes ante instancias fiscales y administrativas.
Ante los señalamientos, Grupo Salinas ha sostenido que se trata de cobros “ilegales y abusivos”, argumentando que ha sido víctima de persecución política. Sin embargo, las autoridades insisten en que se trata de cobros legítimos, sustentados en auditorías concluidas y fallos previos, algunos incluso ya ratificados por tribunales.
La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto, subrayando que “en México nadie está por encima de la ley” y que esta administración está comprometida con una justicia fiscal que garantice el bienestar del país. También destacó que este tipo de casos muestran la urgencia de fortalecer al Poder Judicial y erradicar la impunidad.
Este capítulo no solo es clave para la rendición de cuentas de las grandes corporaciones, sino que también lanza un fuerte mensaje a aquellos que buscan evadir sus responsabilidades bajo el amparo del poder económico y mediático.
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