La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha decretado la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam Banco, en una acción sin precedentes que busca proteger los derechos de los clientes mexicanos tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que acusa a ambas instituciones financieras de presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico y al tráfico de fentanilo.
La medida implica la remoción inmediata de sus órganos de gobierno y de sus representantes legales, sustituyéndolos por interventores designados por la autoridad financiera. Esta acción tiene como fin garantizar el funcionamiento correcto de las instituciones y evitar cualquier afectación a los usuarios.
La CNBV detalló que esta intervención no representa una quiebra ni suspensión de operaciones, sino una acción de vigilancia reforzada para revisar de cerca los procesos internos, operativos y financieros, asegurando que las operaciones con los clientes sigan de forma normal y transparente.
El contexto internacional es complejo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense incluyó a CIBanco e Intercam, junto con Vector Casa de Bolsa, en una lista negra por supuestos vínculos financieros con cárteles mexicanos, acusándolos de haber canalizado recursos ilícitos a través de sus sistemas. Según EE.UU., estas operaciones estarían relacionadas con organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y el CJNG.
El gobierno mexicano ha respondido con mesura pero con decisión. La presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Hacienda, subrayó que México no ha recibido evidencia sólida por parte de Washington y que las autoridades mexicanas ya habían sancionado a estas entidades por fallas administrativas menores, sin hallazgos penales concluyentes.
Por su parte, la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reiteraron que el sistema bancario mexicano sigue siendo fuerte, líquido y bien capitalizado, y que estas acciones son parte del compromiso con la transparencia, la legalidad y la confianza pública.
El proceso de intervención podría extenderse varios meses, en lo que se determina la posible responsabilidad de las instituciones y se garantizan medidas correctivas. Los usuarios podrán seguir utilizando sus cuentas, tarjetas y servicios sin alteraciones, mientras se realiza el análisis interno por parte de las autoridades.
Conclusión:
Con esta medida, México muestra una postura firme ante los señalamientos internacionales, priorizando la protección de los clientes, la estabilidad del sistema financiero y la soberanía nacional. Lo que sigue será clave para definir el rumbo de la relación bilateral con Estados Unidos y la credibilidad del sector financiero mexicano.
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