La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado inquietud al admitir el recurso legal interpuesto por Elba Esther Gordillo para impugnar un adeudo fiscal de 20 millones de pesos, sin revelar quién será el ministro responsable del caso.
Esta decisión ha encendido las alertas sobre la falta de transparencia en un asunto que involucra a una de las figuras más polémicas de la política y el sindicalismo mexicano.
El recurso busca frenar el cobro del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que señala a la exlideresa del SNTE por presunto incumplimiento en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Aunque el caso ya está en manos de la Corte, el máximo tribunal del país optó por mantener en reserva la identidad del ministro al que se le turnará el expediente.
No es la primera vez que Gordillo enfrenta cargos fiscales: en 2021 ya había impugnado una deuda similar, aunque entonces su petición fue desechada. Ahora, con una nueva oportunidad sobre la mesa, el rumbo de este proceso podría tener un impacto importante en la percepción pública de justicia y trato equitativo ante la ley.
El secretismo sobre el ministro designado no ha pasado desapercibido. Analistas jurídicos y ciudadanos en redes sociales han cuestionado si esta discreción se debe a la sensibilidad política del caso o a presiones externas que buscan influir en el resultado final.
¿Qué sigue?
El ministro designado revisará el fondo del asunto y determinará si el adeudo es válido o no. El fallo podría tardar varios meses, pero el hecho de que se mantenga en secreto el nombre del juzgador ya ha encendido el debate.
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