En una declaración que pone fin a semanas de especulaciones, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, confirmó que la persona que encabezará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será quien obtenga la mayor cantidad de votos en la jornada del 1 de junio, sin que se aplique el criterio de paridad de género.
“El nuevo titular de la Corte será designado únicamente con base en los resultados electorales. No hay ningún otro criterio adicional, ni de paridad ni de otro tipo”, declaró Taddei en conferencia de prensa. Esta postura aclara el panorama tras la incertidumbre generada por algunos sectores que consideraban que el género del aspirante podría influir en la asignación del cargo, como parte del impulso constitucional a la equidad.
Sin embargo, Taddei subrayó que la normativa actual no establece ninguna regla específica que obligue a que la presidencia de la SCJN deba ser ocupada por una mujer, a pesar de los avances legales en materia de inclusión. Según la titular del INE, el proceso se mantiene dentro de los márgenes de la legalidad, basado estrictamente en la voluntad popular.
Esta decisión cobra aún más relevancia dado que el abogado oaxaqueño Hugo Aguilar Ortiz —de origen mixteco— encabeza el conteo preliminar, con una ventaja de más de tres puntos porcentuales sobre la ministra Lenia Batres. Aguilar se perfila como el favorito para asumir el cargo, lo que marcaría un hecho histórico: un representante indígena al frente del máximo tribunal del país.
Por su parte, la ministra Batres ha sido respaldada por sectores que promueven la paridad de género en todos los poderes del Estado. Sin embargo, sus simpatizantes tendrán que esperar futuras reformas constitucionales si desean ver ese principio aplicado directamente a cargos como el de la SCJN.
El INE prevé presentar los resultados finales y entregar la constancia de mayoría en las próximas horas, una vez que se termine el cómputo oficial y se validen los votos restantes.
La ciudadanía ha seguido de cerca esta elección inédita, que no solo implica un cambio en la cúpula del poder judicial, sino que también simboliza el momento de apertura democrática que vive México.
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