Nuevas revelaciones sobre el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, vuelven a encender los reflectores sobre una de las redes de corrupción más escandalosas en la historia reciente de México. De acuerdo con documentos judiciales, García Luna habría recibido apoyo de la familia Weinberg
—empresarios cercanos a su círculo— para hacerse de dos residencias de lujo en Miami, como parte de un intercambio de favores vinculado a contratos públicos simulados.
Las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indican que, entre 2009 y 2018, García Luna desvió alrededor de 745 millones de dólares mediante un esquema de triangulación que involucraba empresas fantasma, paraísos fiscales y prestanombres. Parte de esos recursos fueron utilizados para adquirir propiedades millonarias en Estados Unidos.
En 2025, una corte de Florida determinó que tanto García Luna como su esposa eran responsables del desvío de recursos públicos, y los condenó a pagar cerca de 2,500 millones de dólares al Gobierno de México. Las mansiones en Miami forman parte de los activos que serán reclamados como parte del proceso civil.
Este nuevo capítulo refuerza la narrativa de impunidad que envolvió al sexenio de Felipe Calderón, y coloca de nuevo sobre la mesa la exigencia ciudadana de que se haga justicia y se recuperen los recursos robados.
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