Un nuevo caso de presunta corrupción sacude al Poder Judicial Federal. El juez Avelino Orozco Córdova, señalado por su cercanía con la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, ha sido exhibido por liberar a tres presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, lo que ha desatado una ola de críticas contra el máximo órgano judicial del país.
De acuerdo con fuentes oficiales, Orozco Córdova argumentó “falta de elementos” para justificar la liberación, aunque los detenidos estaban vinculados a delitos de alto impacto. Este hecho se suma a una serie de cuestionamientos sobre decisiones judiciales que, bajo la gestión de Piña Hernández, han favorecido a criminales de alto perfil.
Además, también se ha hecho público que Norma Piña desechó una queja contra otra jueza, Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, quien presuntamente benefició a individuos acusados de desaparición forzada. Para muchos, estos hechos reflejan un patrón preocupante de impunidad y protección a jueces cuestionados.
La indignación ciudadana no se ha hecho esperar, y en redes sociales se exige una transformación profunda del sistema judicial, acusando al Poder Judicial de estar desconectado del pueblo y de operar bajo intereses opacos.
Con las elecciones a la vuelta de la esquina, este tipo de casos han encendido el debate sobre la necesidad de renovar desde las bases al sistema de justicia en México, con una propuesta de elección popular de jueces como una salida para recuperar la confianza ciudadana.
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